México, 9 de febrero de 2011
Esta Embajada tuvo conocimiento del comunicado emitido por algunas asociaciones a un día de la decisión del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito sobre el caso de Florence Cassez.
Este documento motiva las siguientes observaciones:
es preocupante ver que dichas organizaciones ejercen presiones directas sobre el Poder Judicial para intentar influenciar sus decisiones. Practican lo que por otro lado denuncian y reprochan, sin ningún fundamento, al Gobierno francés.
en el caso de Florence Cassez, el Gobierno francés no ha dejado de pedir un proceso justo e imparcial, así como la aplicación de la Constitución y de las leyes mexicanas. Numerosas instituciones y personalidades mexicanas se han movilizado para denunciar lo que consideran graves irregularidades y violaciones de garantías, las cuales han caracterizado este caso desde el montaje inicial, que en sí mismo siembra la duda sobre el conjunto del procedimiento judicial.
además el Gobierno francés subrayó que, en este caso, no se respetó el derecho consular mexicano que prevé que la detención se comunique “de inmediato” a la representación consular correspondiente, conforme al artículo 128 párrafo IV del Código Federal de Procedimientos Penales, aún cuando el gobierno mexicano exige la aplicación rigurosa de este principio por parte de países terceros, y en particular de Estados-Unidos.
el Gobierno francés apoya sin reservas las iniciativas a favor de la defensa de las víctimas. Pero solamente el debido proceso, exento de presiones y opiniones sin fundamentos, puede dar la garantía que se rinda justicia a las víctimas, persiguiendo a los culpables sin encarcelar a inocentes. Es lo que Francia espera de la justicia mexicana.
